En mayo de 2024, el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de Sostenibilidad Corporativa (DDDSC), que introducirá requisitos obligatorios de diligencia debida en materia de sostenibilidad y derechos humanos para muchas empresas con sede en la UE o que operan en ella.
La Directiva entrará en vigor el 25 de julio de 2024. Aunque el umbral para las empresas incluidas en el ámbito de aplicación se ha reducido con respecto a la propuesta original, la Directiva seguirá teniendo repercusiones importantes para las empresas incluidas en su ámbito de aplicación.
A quién afecta
En líneas generales, la Directiva exige a las empresas, sus filiales y sus socios en la cadena de suministro ascendente y descendente que "pongan fin o mitiguen sus impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente". La directiva aprobada se aplica tanto a las empresas de la UE como a las de fuera de ella.
Las empresas y sociedades matrices de la UE con más de 1.000 empleados y más de 450 millones de euros de volumen de negocios anual en todo el mundo serán el mayor grupo afectado. La Comisión Europea calcula que unas 6.000 grandes sociedades de responsabilidad limitada y sociedades personalistas de la UE entran en esta categoría. Las empresas de fuera de la UE que generen más de 450 millones de euros de volumen de negocios anual en la UE también deberán cumplir la Directiva. Según las estimaciones de la Comisión, esto afectará a otras 900 empresas.
Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) no están sujetas a las normas propuestas. Sin embargo, existen medidas de apoyo y protección para las PYME que podrían afectarles indirectamente como socios comerciales en las cadenas de valor.
Requisitos clave
La Directiva introduce una obligación de diligencia debida corporativa que exige a las empresas incluidas en su ámbito de aplicación que identifiquen y aborden "los impactos adversos reales y potenciales sobre los derechos humanos y los impactos adversos sobre el medio ambiente". Las empresas no sólo tendrán que identificar y abordar estos impactos en sus propias operaciones, sino también en las "operaciones de sus filiales y las operaciones de sus socios comerciales en sus cadenas de actividades." Los abogados de White & Case LLP explican que esto significa que las empresas serán responsables de la diligencia debida sobre sus filiales y socios comerciales ascendentes en relación con la producción de bienes o la prestación de servicios, así como sobre sus filiales y socios comerciales descendentes relacionados con la distribución y el almacenamiento del producto.
Además de identificar y evaluar los riesgos de que las operaciones puedan afectar negativamente a los derechos humanos y el medio ambiente, las empresas deben aplicar medidas para prevenir y mitigar cualquier impacto adverso que detecten. Tras la evaluación inicial, las empresas deben supervisar continuamente la eficacia de sus procesos y presentar informes anuales que permitan a las partes interesadas evaluar el compromiso de la empresa con la sostenibilidad.
La directiva también exige a las empresas que elaboren y apliquen un plan de transición climática en consonancia con el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Además de enfrentarse a una mayor responsabilidad más allá de sus propias operaciones, las empresas también podrían sufrir fuertes repercusiones si incumplen la Directiva de forma intencionada o por negligencia. En determinados casos, los reguladores pueden imponer una multa de hasta el cinco por ciento de la facturación global neta de una empresa en el ejercicio financiero anterior. Más concretamente, la Directiva introduce la responsabilidad civil por los daños causados por una empresa que incumpla sus obligaciones de diligencia debida, lo que obligará a la empresa a indemnizar íntegramente a las víctimas. Las entidades también podrán ser excluidas de las licitaciones públicas y los procesos de contratación en la UE.
De cara al futuro
Después del 25 de julio de 2024, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporar la Directiva a su legislación nacional. La Directiva se aplicará por fases, empezando en 2027 con las grandes empresas que tengan 5.000 empleados o más. Se aplicará al último grupo, las empresas más pequeñas y todos los franquiciadores y licenciantes, el 26 de julio de 2029.
Los Estados miembros se enfrentan a unos requisitos mínimos de armonización de la Directiva, por lo que la legislación nacional creada al transponer la Directiva no puede rebajar el nivel de protección, ni la legislación nacional existente puede reducirse si el nivel de protección es superior al que ofrece la Directiva. Varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Francia y Noruega, cuentan con legislación vigente en materia de diligencia debida. Dado que la disposición de las DSDC permite a los Estados miembros introducir obligaciones más estrictas o un ámbito más amplio para el deber de diligencia debida de las empresas, es posible que otros Estados miembros introduzcan su propia legislación. Sin embargo, la Comisión Europea espera que las nuevas normas establezcan un marco jurídico uniforme e igualen las condiciones para las empresas en toda la UE.
En los últimos años, la UE ha dado prioridad a la legislación sobre diligencia debida para proteger los derechos humanos y el medio ambiente, como hemos visto con el Reglamento sobre deforestación, el Reglamento sobre trabajo forzoso y otros. Los legisladores también están ampliando las responsabilidades de las empresas en todo el ciclo de vida del producto, incluidas las actividades de sus socios y proveedores. Las empresas deben aprovechar esta oportunidad para auditar sus actuales marcos de diligencia debida y evaluación de riesgos, no sólo para garantizar el cumplimiento de la legislación, sino también para adelantarse a cualquier requisito futuro. Además, deben tomar medidas para asegurarse de que otras empresas con las que hacen negocios toman las mismas precauciones.
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